Programas sociales e intención del voto

Ciudad de México.- Un segmento de los analistas mexicanos se encuentra muy molesto por la relación que parece existir entre programas sociales e intención de voto. Según diversas encuestas difundidas recientemente, la intención de voto de los beneficiarios de programas sociales se inclina en una proporción bastante más alta por la candidata oficialista que por la candidata opositora. Este resultado, que a muchos podría parecerles natural, en el sentido de que podría responder simple y llanamente a una identificación del electorado con las propuestas, preocupaciones e intereses de un partido o coalición, a otros les produce una incomodidad muy evidente.

La interpretación que se le ha dado a estos resultados ha tenido dos vertientes interesantes. Por un lado, en la esfera de la opinión publicada, varios autores se han apresurado a emitir juicios y expresiones que, como suele suceder en estos casos, menosprecian a la población y la tildan de irracional, engañada o manipulada. En la esfera política, esto ha llevado a que diversos candidatos se desvivan ahora por hacer ofrecimientos de programas sociales a diestra y siniestra, sin mencionar cómo financiarían dichos programas y sin que ello responda a ningún análisis de la utilidad o importancia de dichos programas. Suponen, seguramente, que si la oferta de cierto tipo de programas le ha funcionado al partido en el poder, esto también los podría convertir a ellos en una opción política atractiva a los ojos de la población.

En el fondo, ambas vertientes tienen algo en común: la idea de que la mayoría de la población no entiende cabalmente lo que ocurre en la vida pública del país. Suponen que la relación entre programas sociales y votos está siempre mediada por el clientelismo; que si la gente manifiesta su deseo de votar por la candidata oficialista, no es porque en realidad quieran hacerlo, sino que es por el temor a perder los apoyos económicos. Lo curioso es que, si acaso, la posibilidad de una relación clientelar es ahora menor que antes. Por un lado, porque ahora se ha buscado promover que los programas estén en la ley (incluso en la constitución); por el otro, porque a diferencia de lo que ocurría antes, ahora se han eliminado a los intermediarios en la dispersión de las transferencias gubernamentales. Antes, con Prospera/Oportunidades por ejemplo, una parte no menor de los recursos se entregaban en efectivo, mediante operativos que eran instrumentados en campo por funcionarios del gobierno en combinación con representantes comunitarios. Esto, por supuesto, se prestaba mucho más a la coerción política y al ejercicio clientelar de los programas sociales.

Por otra parte, los candidatos que ahora ofrecen cosas sin ton ni son parecen olvidar que la gente tiene memoria. ¿Por qué habrían de creerle en sus ofertas a partidos o a políticos que durante años no hicieron nada por ellos, que por décadas se olvidaron del desarrollo del sur del país, que se empeñaron en mantener estancado el salario mínimo, que hasta 2018 ofrecían una infame pensión a los adultos mayores de apenas $580 pesos al mes (29 pesos diarios)?

Quizás a muchos políticos y opinadores por igual les vendría bien no solo una reflexión más profunda sobre su percepción de la población en general, sino que incluso un acto de contrición pública no les vendría mal.