Emite CNDH recomendación a Jara por presunto agravio en Yurécuaro

Por: Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 16/2015, dirigida al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, por la inadecuada procuración de justicia, en agravio de cinco jornaleros agrícolas privados de la vida en Yurécuaro y de sus familiares, lo que ha entorpecido la procuración de justicia y propiciado la impunidad de los responsables.

A través de un comunicado se informó que tras recabar y analizar las evidencias, la CNDH encontró elementos que acreditan la trasgresión de los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM), en perjuicio de cinco víctimas (V1, V2, V3, V4 y V5) y sus familiares como víctimas indirectas (V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y V14), al incurrir en dilación y omisión en la integración de la averiguación previa.
La inactividad y omisiones de la autoridad ministerial en las investigaciones impide conocer la verdad histórica de los hechos, a pesar del tiempo transcurrido, lo que ha entorpecido la procuración de justicia en favor de las víctimas y ofendidos del delito, y propiciado hasta hoy la impunidad de los responsables.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador Jara Guerrero, entre otros puntos, se repare el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, que incluya atención psicológica para restablecer la estabilidad emocional, las acciones y omisiones en que incurrió el servidor público; instruir al Procurador de la entidad para que en la averiguación previa penal correspondiente se practiquen las diligencias legalmente idóneas para el perfeccionamiento y determinación de la misma.
También, que participe con este Organismo autónomo en el seguimiento e inscripción de agraviados y sus familiares al Registro Estatal de Víctimas, para que en lo conducente las víctimas indirectas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, y colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará ante la PGJEM, para que investigue al servidor público involucrado, así como en el trámite de queja ante la Coordinación de Contraloría estatal contra dicha autoridad.
El 29 de octubre de 2013, en la carretera La Piedad-Guadalajara, fueron localizadas dos camionetas abandonadas y al interior de una, cinco cadáveres maniatados y, al parecer, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
Al lugar se trasladó la autoridad para practicar distintas diligencias, entre ellas, la fe ministerial de los cadáveres, su levantamiento y traslado al Servicio Médico Forense y elaboración del acta de descripción.
Para ello solicitó la intervención del perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales, así como dictámenes de criminalística, química forense, química toxicológica y alcoholemia, avalúos de daños, identificación y placas fotográficas de los vehículos, y requirió la investigación de los hechos a la Policía Ministerial del Estado, para finalmente registrar la averiguación previa.
La integración de la averiguación previa evidencia que las actuaciones de la autoridad tuvieron omisiones y retrasos, sin argumento que justifique el motivo por el cual no continuó la investigación, ni siguió una línea clara y precisa de la misma, además que no agotó todos los medios a su alcance para conocer la verdad histórica de los hechos.
Durante la integración de la indagatoria, la citada autoridad conoció y tuvo contacto con los familiares de las víctimas, a pesar de lo cual no se advierte constancia de que hayan sido informados de sus derechos constitucionales y los avances de la investigación, así como de la posibilidad de recibir atención y garantizarles protección a su integridad física y psicológica.
De las constancias se desprende que, en sus entrevistas ante la Policía Ministerial del Estado, los familiares fueron coincidentes en manifestar que desde la tarde del 28 de octubre de 2013 acudieron al Ministerio Público local, para reportar la desaparición de cinco personas, a lo que la autoridad les indicó que regresaran la tarde del día siguiente.