Violencia sacude campañas, y acecha la elección

Ciudad de México.- Las amenazas, agresiones e incluso asesinatos contra candidatos a un cargo de elección popular el próximo 7 de junio han prendido alarmas en distintos estados del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, convulsionados desde hace meses por conflictos sociales y políticos.

Aun cuando los propios partidos acordaron un "pacto de civilidad" para garantizar la realización de las elecciones en todo el país y la seguridad de los candidatos, además de blindar las campañas de la entrada de dinero ilícito, la sombra del crimen organizado y de los pleitos entre políticos y caciques a nivel regional ya ha cobrado la vida de varios candidatos.

En forma particular, tanto Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), como Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, pidieron a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), garantizar la seguridad de los candidatos.

En su misiva, Madero Muñoz expuso que la agenda mínima propuesta debe considerar: un "blindaje" para garantizar la seguridad de los candidatos, equipos de campaña y funcionarios electorales para desempeñar sus actividades de manera legal, segura y libre, y evitar el uso de recursos humanos, materiales y financieros de los gobiernos municipales, estatales y el propio gobierno federal.

También exigió realizar todas las acciones preventivas y correctivas para impedir la participación de candidatos a puestos de elección popular que tengan ligas con la delincuencia organizada y blindar las campañas del uso de recursos de procedencia ilícita, de la delincuencia organizada o de la triangulación y la evasión fiscal.

Por su parte, Navarrete Ruiz destacó en su carta enviada a la Segob a finales de marzo pasado que "en algunas partes del país han ocurrido acontecimientos muy preocupantes en los que incluso han perdido la vida aspirantes a cargos de elección popular de diversos partidos" y por ello, afirmó, es momento de tomar medidas.

Pero esas medidas para lo que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha calificado como las elecciones "más complejas de la historia" no han llegado, y la violencia ha impuesto ahora una sombra de desasosiego en este proceso.

El pasado 19 de febrero, el precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, Carlos Martínez Villavicencio, junto con otras dos personas, fueron asesinados en una emboscada cuando realizaban un recorrido por la zona indígena triqui.

Luego, el 11 de marzo, la también pre candidata del PRD a la Alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, quien había sido secuestrada por un grupo de hombres armados, fue encontrada sin vida en Tecoanapa, Guerrero.

El 1 de mayo, además, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la Presidencia Municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, fue asesinado con 15 balazos por un grupo de hombres fuertemente armados cuando se dirigía a un mitin en la comunidad de Atzacoaloya, que se localiza a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal. El político regresaba de una gira de proselitismo que tuvo en esa comunidad Atzacoaloya, situada en la zona centro del estado.

El pasado 25 de abril, en ese mismo municipio, Luis Walton Aburto, candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Movimiento Ciudadano (MC), fue encañonado junto con su equipo de campaña por una veintena de hombres no identificados con armas de alto poder durante un acto proselitista.

Ayer, José Santos Valdivia, suplente del fallecido Ulises Fabián Quiroz, se negó asumir como nuevo abanderado de la coalición Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente del partido tricolor en la entidad, informó este día a la prensa que Santos Valdivia no participará en el proceso electoral por miedo.

Y también ayer Jorge Luis Preciado Rodríguez, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, denunció que en esa entidad se vive una "narcoelección", pues los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios presionan de forma importante a los candidatos, porque tienen mucho interés en mantener el control del puerto de Manzanillo.

El panista consideró "preocupante" que Fernando Moreno Peña forme parte del equipo del candidato priísta José Ignacio Peralta, a pesar de que fue señalado de estar presuntamente vinculado con Los Templarios, en Michoacán.

"Quien fue el coordinador de Fausto Vallejo en Michoacán, era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; cuando Fausto Vallejo le ganó la elección a Luisa María Calderón por la intervención del crimen organizado en su campaña", acusó Preciado. El priista Moreno Peña fue Gobernador de Colima, del 1 de noviembre de 1997 al 31 de octubre de 2003, y actualmente se desempeña como delegado regional del PRI en Guanajuato y Michoacán.

En este contexto de dudas, ataques y violencia se corre el riesgo de inhibir la participación social y que las primeras elecciones organizadas por el nuevo INE queden en entredicho. Los focos amarillos y rojos ya se han encendido en varios estados y es la hora que el Gobierno federal y las propias autoridades electorales no reaccionan. En un México como el que ahora vivimos urgen que, por lo menos, se garantice la seguridad física de los candidatos, de sus equipos, de los funcionarios electorales, y la de los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla.

Y si ya saben qué candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada, no se debe esperar más para actuar, o lo que se estaría dejando por omisión son más muertos y masacres en el camino al 7 de junio.