Elecciones en México: el negocio de nunca acabar.

Ciudad de México.- Aunque una democracia debe cumplir con muchos más elementos que el mero procedimiento de llevar a cabo comicios, el ejercicio del voto sí constituye una manifestación básica de la legitimidad de un régimen. Ante el descrédito de la clase política y dado el oligopolio autoritario en el cual ha degenerado el sistema de partidos, no es extraño escuchar cada vez con mayor fuerza expresiones de desconfianza en las elecciones o de abstenerse de acudir a las urnas. No obstante, pareciera paradójico que pese a esta situación las tasas de participación se mantengan más o menos estables a lo largo de los últimos quince años e inclusive sean altas. Esto es principalmente porque los procesos electorales en México han estado asociados a la compra del voto por parte de los distintos partidos políticos. Sin importar el tipo de elección de la que se trate, el intercambio del voto por una prebenda se ha vuelto común. Esta situación la ha entendido el electorado mexicano exhibiendo de manera más visible que las elecciones son un negocio rentable –de corto plazo y que lacera a la democracia, pero rentable al fin –más que un ejercicio de rendición de cuentas. Esto genera un círculo vicioso donde la poca percepción de legitimidad de las elecciones incentiva la utilización del voto como una mercancía vendible que a su vez deslegitima más el proceso. Si el ciudadano no corta este círculo vicioso absteniéndose de beneficiarse económicamente de los comicios, el régimen de partidos nunca transitará a uno plenamente democrático.

Mucho se ha escrito sobre cómo los gobiernos en turno (a cualquier nivel y desde cualquier partido) utilizan ventajosamente la precariedad económica de los mexicanos para persuadirlos de votar a favor de alguien a cambio de una despensa, pero poco se ha dicho de cómo los ciudadanos han aprendido a beneficiarse de esta venta del voto. La ausencia de canales efectivos de participación, y el poco valor que recibe el ciudadano de a pie para los distintos gobiernos, los orilla a utilizar el único momento donde tienen un poco de injerencia sobre el futuro de los políticos como una mercancía a la cual hay que sacarle el mayor provecho posible. Por tal motivo, las prebendas han mutado y adquirido nuevo valor; las despensas ahora son electrodomésticos y televisores, además de que la práctica se ha pluralizado y no es exclusiva de los priistas.

Invariablemente, la venta del voto ha creado mercados paralelos donde los privados se benefician de venderles a los partidos todo tipo de bienes y servicios que se usan en las elecciones. En procesos sumamente discrecionales que utilizan fondos públicos, cientos de empresas ven incrementadas sus ventas durante los periodos electorales al producir mercancía que utilizan los partidos en la compra del voto, mientras que otros grupos son contratados con miras a sabotear al rival vía prácticas ilegales. El que cada vez más mexicanos (supuestamente) se beneficien (o crean que se benefician) de elecciones así, hace que la idea del voto como herramienta de poder ciudadano respecto al poder público quede destruida por el impulso a la consolidación del sufragio utilitario que florece en la ausencia total de castigo a estas prácticas.

Pese a que todos los partidos se aprovechan de este desvirtuado proceso en el cual se han transformado las elecciones, existen algunos que rasgándose las vestiduras claman ilegítimo el proceso si no salen victoriosos. Como si fueran impolutos, desconocen los resultados de las elecciones si no les favorecen, aduciendo las irregularidades que los otros cometieron, convenientemente olvidado las ilegalidades propias. En este juego de cínicos, el ciudadano es lo que menos importa.

No basta la denuncia y el rechazo a estas prácticas si el órgano regulador del proceso está capturado por los mismos agentes a los cuales tiene que supervisar. Si en verdad se pretende construir ciudadanía en México, los electores requerirían salir de la zona confortable encarnada en el lucro por el voto, y aventurarse a exigir sus derechos democráticos y convertir al sufragio en una herramienta de rendición de cuentas y evaluación de gestión pública. Si el elector percibiera que el beneficio transitorio de la compra-venta del voto es menor a lo que podría obtener con buenos gobiernos, la hegemonía de partidos se transformará en una hegemonía de ciudadanos