EPN quiere restar importancia a crisis de derechos humanos en lugar de resolverla

Ciudad de México.- Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, denunció Human Rights Watch (HRW) en una carta que envió este día a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González.

El organismo internacional, que sustentó sus observaciones en informes propios, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente las violaciones a los derechos humanos.

"El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes", dijo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.

HRW recordó la reacción del gobierno mexicano ante el informe de Tortura en México, que presentó en marzo el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, que sostenía que la "tortura es generalizada en México" y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia.

Mendez dio a conocer el 9 de marzo las conclusiones sobre la tortura en México. En su informe dijo que "la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad".

Ese mismo día, Jorge Lomónaco, Representante de México en Ginebra, le respondió: "No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad".

Posteriormente, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que el Relator "sólo aportó información de 14 casos" de los cuales de 13 ya se le presentaron avances significativos para su atención.

En el mismo sentido, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo: "Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada [de la Tortura]". Las declaraciones de Robledo fueron suscritas por el Canciller José Antonio Meade.

"En lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado", expresó Wilkinson.

Ante esto, el organismo de derechos humanos refirió que si bien la nueva Procuradora General de la República ha expresado que está en condiciones de contribuir "para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores".

"Aún está por verse si está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia", añadió Daniel Wilkinson.

Human Rights Watch propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) asegure que la unidad dedicada a casos de desapariciones, creada en junio 2013 y que, refiere el organismo, no ha obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones.

En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial.

"La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR", refirió.

Asimismo, HRW manifestó que la PGR dé a conocer "los nombres de las 22 mil personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas".

"La Procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones", subrayó.