Lucha anticorrupción: ¿Estado de derecho o expiación de culpas?

Ciudad de México.- Esta semana, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer el inicio de un proceso de responsabilidad administrativa en contra del titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial para propósitos particulares. En sí, la utilización de cualquier recurso público (entiéndase desde un helicóptero hasta una engrapadora) por parte de un funcionario para un fin distinto al oficial, constituye una falta conforme al artículo 47, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, este tipo de hechos son frecuentes y usualmente impunes, puesto que la maquinaria institucional está engrasada para que estas conductas no salgan a la luz en la mayoría de las ocasiones, o tengan nulas o mínimas consecuencias. O, en todo caso, son inaplicables.

Hace dos años, la Auditoria Superior de la Federación encontró, en la revisión de los últimos años de la administración Calderón, que las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la misma CONAGUA no estaban registrando los datos necesarios para poder identificar el uso correcto de los mismos, pero no se inició proceso administrativo alguno contra los responsables de dichas omisiones. Así, de manera frecuente, existen prácticas normalizadas que no únicamente permiten a los funcionarios públicos volar a sus vacaciones con el presupuesto público, sino también cosas de mayor escala e impacto, como saltarse pasos en los procesos de compras públicas o selección de proveedores, hasta poder afectar un proceso de licitación pública. De hecho, estas conductas no son exclusivas de un gobierno o administración en particular, sino son cosa cotidiana, al igual que la opacidad y ausencia de controles efectivos para inhibirlas y, en su caso, castigarlas.

Como es sabido, en el tema de corrupción e incompetencia, la clase política en general –de cualquier color partidista—y el gobierno federal en particular, pasan por un periodo delicado. Refiriéndose a este último y a su partido, el PRI se encuentra bajo una luz que le incomoda y que no puede manejar como antes estaba acostumbrado. Si bien la Presidencia de la República respondió a los escándalos inmobiliarios de sus allegados con la resucitación de la SFP y una instrucción de que se investiguen hasta sus últimas consecuencias, las dudas sobre la transparencia, autonomía y fiabilidad del proceso están latentes. Esto se complicará mientras sigan pasando las semanas y las nuevas autoridades fiscalizadoras no den algún avance o veredicto respecto a la investigación en curso.

Ahora, el caso Korenfeld ofrece tanto un reto como una oportunidad para que la SFP dé muestras de que la decisión de revivirla tuvo alguna utilidad, al menos mediática. Si se considera que en los últimos seis meses el PRI ha sufrido un desliz de alrededor de 15 puntos porcentuales en la mayoría de las encuestas de opinión pública, y ha visto cómo la oposición recorta distancias, no es descabellado pensar en una estrategia de control de daños en el tema anticorrupción –tan en boga en el Congreso y en la guerra de anuncios proselitistas rumbo a las elecciones del 7 de junio—, y no tanto como una intención genuina de hacer valer el Estado de derecho, vía una eventual sanción al funcionario de CONAGUA. Si bien no se puede hablar necesariamente de una cuestión orquestada o planeada, si se puede vislumbrar una reacción oportunista ante la situación en la que se encuentra un actor político caído en desgracia a causa de la virulencia de las redes sociales. El propósito: sentar un ejemplo de institucionalidad y transparencia para fortalecer la imagen de la SFP.

Por lo pronto, el tinte político del asunto es claro. Ricardo Anaya, coordinador de los diputados del PAN, aprovechó para exigir la aprobación inmediata de las reformas sobre el sistema nacional anticorrupción que su partido abandera, y cuya paternidad el PRI le ha intentado arrebatar por distintos medios. Por su parte, los priistas han dicho que el procedimiento deberá proceder conforme a derecho. Más aún, la misma Presidencia de la República ha declarado su intención de permanecer pendiente a la resolución que, en plena autonomía, determine la SFP. El objetivo es "llevar agua al molino propio" y si sirve para amainar un poco el incendio de credibilidad y desconfianza alrededor de toda la clase política, mejor. El problema es que la democracia mexicana y la pluralidad partidista se encuentran encerradas, como se dice coloquialmente, "en la casa del jabonero, donde, el que no cae, resbala".