Recortes al gasto: Y los partidos, ¿cuándo?

Ciudad de México.- Todos los mexicanos, en diversas esferas, habrán de sacrificar, otra vez, una gran parte de su bienestar debido a los recortes del gasto público que implementará la administración federal durante 2015 y 2016, al menos.

Si este año han quedado ya cancelados y pospuestos proyectos de infraestructura que, de acuerdo con los primeros planes del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, reactivarían el empleo y por tanto la economía de diversas regiones en el país, además de la inversión en otros programas de desarrollo, el recorte de 135 mil millones de pesos al gasto de 2016, anunciado a finales de marzo por la Secretaría de Hacienda (SHCP) afectará principalmente a las dependencias de Educación, Desarrollo Social, Seguridad, Agricultura e Infraestructura carretera.

Además, programas como el de pensión a adultos mayores, apoyos alimentarios, becas a estudiantes de todos niveles, escuelas de tiempo completo y escuelas dignas, desarrollo tecnológico, subsidios en materia de seguridad, fomento a la agricultura, apoyos para hospitales, etcétera, sufrirán un deterioro importante, con el consecuente impacto a la población más necesitada del país.

La menos inversión pública, así lo ven los expertos en economía y finanzas, producirá también otro golpe al empleo, pues los empresarios se verán en la necesidad de frenar sus apuestas de crecimiento, pues una vez más, los gobiernos federal y locales no inyectarán el dinero suficiente para obras que reactiven la actividad laboral.

A nivel local, los estados también se verán perjudicados. Ayer, la calificadora Moodys dijo que los niveles de endeudamiento de las entidades de la República y el Distrito Federal corren el riesgo de deteriorarse en 2016, ante la disminución en las participaciones que el gobierno federal les otorga a las entidades.

La semana pasada, la SHCP dio a conocer los precriterios económicos para 2016, en donde se prevé un aumento de las participaciones de 4.5 por ciento en términos nominales. La tasa, apenas por encima de la inflación, está ligada a la caída de los ingresos petroleros y al aumento en los ingresos tributarios y fue calificada por la agencia como "lenta desde una perspectiva histórica".

Los precriterios también prevén un recorte de 3.3 por ciento en términos nominales al gasto programable del sector público respecto al presupuesto de 2015.

En este escenario, Moodys planteó que "de confirmarse la tasa de crecimiento actualmente proyectada para las participaciones, habrá un deterioro en los indicadores de endeudamiento en 2016″.

Los estados y municipios mexicanos han aumentado su deuda en los últimos años. En la segunda semana de febrero, Hacienda dio a conocer que durante el cuarto trimestre de 2014, el saldo de su deuda pública se ubicó en 509 mil 690 millones de pesos.

"Aunque los estados pueden cortar gasto o aumentar sus recursos propios como una alternativa al endeudamiento, históricamente, los niveles de deuda de los estados han tendido a aumentar a medida de que el crecimiento de las participaciones disminuye", dice el reporte de la calificadora.

Es decir, el escenario de los analistas por los ajustes es de un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Pero hay un puñado de ciudadanos que conserva todos sus privilegios e incluso, en este contexto de emergencia, es capaz incluso de derrocharlos: los partidos políticos y quienes los integran, especialmente las cúpulas.

Por estos días es claro el despilfarro que los políticos hacen del dinero público, para financiar las campañas con las que pretenden, como fin último, permanecer en la nómina de los privilegiados gobernantes, a costillas del sacrificio de las mayorías.

El domingo pasado, cuando arrancaron las primeras campañas por las nueve gubernaturas que se juegan en los comicios del próximo 7 de junio, fue evidente la falta de conciencia y la inmoralidad de los partidos.

Delante de los más pobres, en busca de sus votos que les permitan conservar sus privilegios, dieron rienda suelta a la dilapidación del dinero público que, sólo para este año, asciende a 5 mil 356 millones de pesos, de acuerdo con el reparto que les hiciera el Instituto Nacional Electoral (INE) en enero pasado.

Ese monto fue el único intocable dentro de los ajustes anunciados por Hacienda, pero ni por ese inexplicable privilegio los partidos son capaces de solidarizarse con los ciudadanos y el gobierno, y desplegar una política de austeridad. Al contrario, esa prebenda permite a los dirigentes y a sus miembros más encumbrados continuar con una vida de deleite, mientras en el país la cifra de la miseria crece sin control y su avance supera a la de cualquier país latinoamericano, de acuerdo con cifras recientes publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).